¿Pena de muerte a secuestradores? Si,
pero también a funcionarios corruptos
Por: Manuel Padilla Muñoz
Cuando se sufre el intenso dolor de un familiar o un entrañable amigo que ha sido secuestrado y la tragedia inédita del México soberano de Morelia, Michoacán, es cuando empieza a tener sentido la propuesta del gobernador Humberto Moreira Valdez de aplicar la pena de muerte mediante la silla eléctrica o cualquier otro mecanismo que utilizan en Estados Unidos a los secuestradores.
Yo haría más extensiva esa propuesta para que se extienda esa pena de muerte para los funcionarios venales y corruptos que se prestan para que los delincuentes inhumanos ---porque no se le puede considerar humano a quien tortura, mutila y mata a una persona indefensa--- gocen de la impunidad, el mayor de los males de México.
En verdad, no se puede entender el crecimiento galopante y la beligerancia de las bandas del crimen organizado sin el contubernio de funcionarios públicos, sobre todo judiciales, corruptos, capaces de brindar impunidad a esos malhechores para que sigan delinquiendo sin ser castigados.
¿Quién que se digne de ser un ser racional puede vivir y disfrutar del dolor de nuestros semejantes en completo estado de indefensión? Quien lo hace es peor que un animal, con el respeto que nos merecen los animalitos por tan degradante comparación.
Estremecidos de dolor por los suceso de Morelia, Michoacán, la noche del “grito”, que nos indignó a los mexicanos y que debe ser de fiesta nacionalista y viendo en la televisión los rostros de los secuestradores y presuntos homicidas del jovencito Martí, miembros de la mal llamada “Banda de la Flor”, surge la pregunta: ¿Qué pasaría si a esos y otros delincuentes sin piedad para sus semejantes se les aplica la pena de muerte tipo Estados Unidos?
No pasaría nada. Absolutamente nada perdería la sociedad mexicana. Son el lumpen de la sociedad; el cáncer que debemos extirpar. Al contrario, ganaríamos paz y tranquilidad.
De acuerdo, pero, repetimos, no se puede entender al crimen organizado sin el binomio delincuentes y funcionarios corruptos que les brindan impunidad. La lógica indica, pues, que la pena de muerte debería hacerse extensiva a los funcionarios corruptos de todos los niveles.
¿Para que sumir durante muchos años a esos delincuentes en las cárceles si están libres jueces, ministerios públicos, magistrados y abogados venales que ganan mucho dinero torciendo la ley para obtener la libertad de sus clientes y que sigan delinquiendo y haciendo daño a la sociedad?
Porque, esos delincuentes, más temprano que tarde saldrán de las cárceles y como estas se han convertido en México es verdaderas escuelas de la delincuencia que no solamente tienen el nombre de “centros de readaptación”, esos malhechores volverán a las calles a hacer lo único que sabe: a delinquir y cada vez en mayores proporciones y grados de maldad pues saben que tendrán impunidad.
Pero, el día que se aplique la pena de muerte a un alto delincuente y también a funcionarios corruptos que antes le permitieron seguir torturando, secuestrando y matando, muchos de estos la pensarán dos veces antes de coludirse con los criminales.
Es tan grave el problema de la inseguridad pública que, tal como lo aceptó el presidente Felipe Calderón, es una declaración de guerra al gobierno federal. Un gobierno calderonista endeble, cuando menos permeado por la duda de la legalidad ante un crimen fortalecido por este y el anterior gobierno foxista que apoyó el crecimiento de “El Chapo” Guzmán. ¿O a poco alguien puede creer que su fuga del penal de alta seguridad de Jalisco fue obra de la casualidad y la ignorancia de las altas autoridades federales, entre ellas el entonces presidente Vicente Fox?
De cualquier forma, muy bueno sería una consulta nacional sobre el tema sin chabacanerías de un humanismo mal entendido. Si de número de muertos se trata, más muertos han provocado los del crimen organizado. Y seguirán haciéndolo si nos les ponemos un alto.
Cuando menos, es mi opinión personal. Perdiendo algunas vidas, ganamos más personas vivas, con libertad y seguridad garantizada.
pero también a funcionarios corruptos
Por: Manuel Padilla Muñoz
Cuando se sufre el intenso dolor de un familiar o un entrañable amigo que ha sido secuestrado y la tragedia inédita del México soberano de Morelia, Michoacán, es cuando empieza a tener sentido la propuesta del gobernador Humberto Moreira Valdez de aplicar la pena de muerte mediante la silla eléctrica o cualquier otro mecanismo que utilizan en Estados Unidos a los secuestradores.
Yo haría más extensiva esa propuesta para que se extienda esa pena de muerte para los funcionarios venales y corruptos que se prestan para que los delincuentes inhumanos ---porque no se le puede considerar humano a quien tortura, mutila y mata a una persona indefensa--- gocen de la impunidad, el mayor de los males de México.
En verdad, no se puede entender el crecimiento galopante y la beligerancia de las bandas del crimen organizado sin el contubernio de funcionarios públicos, sobre todo judiciales, corruptos, capaces de brindar impunidad a esos malhechores para que sigan delinquiendo sin ser castigados.
¿Quién que se digne de ser un ser racional puede vivir y disfrutar del dolor de nuestros semejantes en completo estado de indefensión? Quien lo hace es peor que un animal, con el respeto que nos merecen los animalitos por tan degradante comparación.
Estremecidos de dolor por los suceso de Morelia, Michoacán, la noche del “grito”, que nos indignó a los mexicanos y que debe ser de fiesta nacionalista y viendo en la televisión los rostros de los secuestradores y presuntos homicidas del jovencito Martí, miembros de la mal llamada “Banda de la Flor”, surge la pregunta: ¿Qué pasaría si a esos y otros delincuentes sin piedad para sus semejantes se les aplica la pena de muerte tipo Estados Unidos?
No pasaría nada. Absolutamente nada perdería la sociedad mexicana. Son el lumpen de la sociedad; el cáncer que debemos extirpar. Al contrario, ganaríamos paz y tranquilidad.
De acuerdo, pero, repetimos, no se puede entender al crimen organizado sin el binomio delincuentes y funcionarios corruptos que les brindan impunidad. La lógica indica, pues, que la pena de muerte debería hacerse extensiva a los funcionarios corruptos de todos los niveles.
¿Para que sumir durante muchos años a esos delincuentes en las cárceles si están libres jueces, ministerios públicos, magistrados y abogados venales que ganan mucho dinero torciendo la ley para obtener la libertad de sus clientes y que sigan delinquiendo y haciendo daño a la sociedad?
Porque, esos delincuentes, más temprano que tarde saldrán de las cárceles y como estas se han convertido en México es verdaderas escuelas de la delincuencia que no solamente tienen el nombre de “centros de readaptación”, esos malhechores volverán a las calles a hacer lo único que sabe: a delinquir y cada vez en mayores proporciones y grados de maldad pues saben que tendrán impunidad.
Pero, el día que se aplique la pena de muerte a un alto delincuente y también a funcionarios corruptos que antes le permitieron seguir torturando, secuestrando y matando, muchos de estos la pensarán dos veces antes de coludirse con los criminales.
Es tan grave el problema de la inseguridad pública que, tal como lo aceptó el presidente Felipe Calderón, es una declaración de guerra al gobierno federal. Un gobierno calderonista endeble, cuando menos permeado por la duda de la legalidad ante un crimen fortalecido por este y el anterior gobierno foxista que apoyó el crecimiento de “El Chapo” Guzmán. ¿O a poco alguien puede creer que su fuga del penal de alta seguridad de Jalisco fue obra de la casualidad y la ignorancia de las altas autoridades federales, entre ellas el entonces presidente Vicente Fox?
De cualquier forma, muy bueno sería una consulta nacional sobre el tema sin chabacanerías de un humanismo mal entendido. Si de número de muertos se trata, más muertos han provocado los del crimen organizado. Y seguirán haciéndolo si nos les ponemos un alto.
Cuando menos, es mi opinión personal. Perdiendo algunas vidas, ganamos más personas vivas, con libertad y seguridad garantizada.
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