¿Y los responsables?
Por: Manuel Padilla Muñoz
En enero del 2005 publicamos el reportaje “Dinero del narco a la policía” en el que documentamos, con pruebas fotográficas y video, como agentes de seguridad pública, municipal y estatal, pasaban por la cuota semanal a la casa de “El Dany”, un distribuidor de droga de la colonia La Fe, en Torreón, Coahuila. En ese tiempo, dos decenas de agentes de seguridad pública fueron procesados. El entonces alcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas y su director de seguridad pública, Javier Gutiérrez Pesquera, nada hicieron para evitar que la corporación policíaca municipal fuera penetrada por el narco. Desde entonces sabían de la corrupción policíaca. Alfredo Castellanos era, entonces, el segundo de a bordo en el mando policíaco.
El año pasado, el propio gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, alertó al alcalde José Ángel Pérez del contubernio de la policía preventiva con las bandas del narco. El edil nada hizo para evitarlo y, por el contrario, protegió a Alfredo Castellanos y cerró los ojos a una realidad que era incontrovertible y de conocimiento generalizado. Hasta inició perruna gresca con el gobernador por la sugerencia que le hicieron.
El alcalde José Ángel Pérez, su director de seguridad pública y quien fuera el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, Javier Pérez Valenzuela, hoy candidato a diputado local, son los responsables directos de la corrupción policíaca porque ellos disfrutaron de las ilegales ganancias que deja el narcotráfico. No pueden llamarse ajenos; ni siquiera ignorantes. Deben ser investigados y procesados por delitos de comisión o de omisión pues no se entiende como altos funcionarios municipales, responsables de la seguridad pública, no estuvieran enterados de lo que por varios años ocurría al interior de la Policía Preventiva.
Después de la peor crisis que ha tenido en muchos años el Ayuntamiento de Torreón, provocada por el enfrentamiento entre policías preventivos municipales y federales, que dejó como saldo un muerto, tres heridos y decenas de detenidos, acusados de proteger al narco, urge que los responsables den la cara al pueblo de Torreón y le brinden explicaciones de algo que es inexplicable y que, como hombres que se supone deben ser y cumplir y hacer cumplir la ley, como lo prometieron al tomar posesión del cargo, asumir la responsabilidad que les corresponde.
Estos funcionarios son; el alcalde José Ángel Pérez, como responsable principal de todo lo que hacen o dejen de hacer sus subordinados que él mismo designó, el Director de Seguridad Pública, Alfredo Castellanos, como responsable de lo que sucede al interior de la corporación policíaca y el que fuera regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, Javier Pérez Hinojosa que hoy, en forma impune, es candidato a diputado local por el PAN y cree que la ciudadanía no le cobrará la factura por la corrupción que permitió en la policía o bien de la cual obtuvo ganancias ilegales.
Estos funcionarios municipales no pueden argumentar ignorancia; más bien es su ineficacia que también es una forma de corrupción pues no se puede siquiera entender o comprender que no hayan sabido lo que sucedía al interior de la policía.
Hoy en día, el pueblo lagunero, especialmente el de Torreón, se encuentra sumamente agraviado. La policía no solamente está permeada por el narco y el crimen organizado sino también por la corrupción galopante de todo tipo.
Hoy en día, el clamor generalizado es que si estos funcionarios no pueden con el cargo, como lo han demostrado, que renuncien.
Desgraciadamente, son tan cínicos que ni por enterados se dan. Y como somos un pueblo castrado, les perdonaremos todo para gozar de impunidad, el maldito cáncer que lacera al pueblo de México.
Bueno, pero, ¿dónde está el mal llamado “consejo de seguridad pública”? En el limbo.
Por: Manuel Padilla Muñoz
En enero del 2005 publicamos el reportaje “Dinero del narco a la policía” en el que documentamos, con pruebas fotográficas y video, como agentes de seguridad pública, municipal y estatal, pasaban por la cuota semanal a la casa de “El Dany”, un distribuidor de droga de la colonia La Fe, en Torreón, Coahuila. En ese tiempo, dos decenas de agentes de seguridad pública fueron procesados. El entonces alcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas y su director de seguridad pública, Javier Gutiérrez Pesquera, nada hicieron para evitar que la corporación policíaca municipal fuera penetrada por el narco. Desde entonces sabían de la corrupción policíaca. Alfredo Castellanos era, entonces, el segundo de a bordo en el mando policíaco.
El año pasado, el propio gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, alertó al alcalde José Ángel Pérez del contubernio de la policía preventiva con las bandas del narco. El edil nada hizo para evitarlo y, por el contrario, protegió a Alfredo Castellanos y cerró los ojos a una realidad que era incontrovertible y de conocimiento generalizado. Hasta inició perruna gresca con el gobernador por la sugerencia que le hicieron.
El alcalde José Ángel Pérez, su director de seguridad pública y quien fuera el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, Javier Pérez Valenzuela, hoy candidato a diputado local, son los responsables directos de la corrupción policíaca porque ellos disfrutaron de las ilegales ganancias que deja el narcotráfico. No pueden llamarse ajenos; ni siquiera ignorantes. Deben ser investigados y procesados por delitos de comisión o de omisión pues no se entiende como altos funcionarios municipales, responsables de la seguridad pública, no estuvieran enterados de lo que por varios años ocurría al interior de la Policía Preventiva.
Después de la peor crisis que ha tenido en muchos años el Ayuntamiento de Torreón, provocada por el enfrentamiento entre policías preventivos municipales y federales, que dejó como saldo un muerto, tres heridos y decenas de detenidos, acusados de proteger al narco, urge que los responsables den la cara al pueblo de Torreón y le brinden explicaciones de algo que es inexplicable y que, como hombres que se supone deben ser y cumplir y hacer cumplir la ley, como lo prometieron al tomar posesión del cargo, asumir la responsabilidad que les corresponde.
Estos funcionarios son; el alcalde José Ángel Pérez, como responsable principal de todo lo que hacen o dejen de hacer sus subordinados que él mismo designó, el Director de Seguridad Pública, Alfredo Castellanos, como responsable de lo que sucede al interior de la corporación policíaca y el que fuera regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, Javier Pérez Hinojosa que hoy, en forma impune, es candidato a diputado local por el PAN y cree que la ciudadanía no le cobrará la factura por la corrupción que permitió en la policía o bien de la cual obtuvo ganancias ilegales.
Estos funcionarios municipales no pueden argumentar ignorancia; más bien es su ineficacia que también es una forma de corrupción pues no se puede siquiera entender o comprender que no hayan sabido lo que sucedía al interior de la policía.
Hoy en día, el pueblo lagunero, especialmente el de Torreón, se encuentra sumamente agraviado. La policía no solamente está permeada por el narco y el crimen organizado sino también por la corrupción galopante de todo tipo.
Hoy en día, el clamor generalizado es que si estos funcionarios no pueden con el cargo, como lo han demostrado, que renuncien.
Desgraciadamente, son tan cínicos que ni por enterados se dan. Y como somos un pueblo castrado, les perdonaremos todo para gozar de impunidad, el maldito cáncer que lacera al pueblo de México.
Bueno, pero, ¿dónde está el mal llamado “consejo de seguridad pública”? En el limbo.
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