Más de 100 días... y nada
Por: Manuel Padilla Muñoz
Más de 100 días han pasado desde aquel 21 de agosto cuando se inició la cuenta regresiva, mediante el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, para que el gobierno ---de todos los niveles--- diera resultados y el clima de inseguridad no solamente es el mismo sino que ha aumentado. En Chihuahua, por ejemplo, en lo que va del año se han registrado más de 2 mil ejecuciones.
Dos días antes de vencerse el plazo, el presidente Felipe Calderón, a manera de justificación, dio a conocer que se ha detenido a una banda de secuestradores cada dos días, lo cual debería significar que se han desmantelado 50 bandas de secuestradores en el país. Sin embargo, los secuestros de todo tipo no solamente siguen sino que aumentan. Entonces, ¿cuántas bandas más de secuestradores siguen activas? Deben ser muchas.
Además, como segundo punto, el presidente Calderón presumió la “Operación Limpieza” en donde se ha demostrado que el narcotráfico ha permeado hasta las altas esferas de la PGR y la PFP, algunos de cuyos principales funcionarios están siendo investigados. Ello nos deja en claro que, en la pirámide de mando de esos organismos, si los altos funcionarios estaban a las órdenes del crimen organizado, ¿cuántos más policías y funcionarios menores siguen todavía al servicio de esas bandas?
Grave que, en estos primeros resultados, Coahuila haya ocupado el tercer lugar en contar con agentes policíacos no recomendables, es decir, de dudosa----------------------------
Con todo el discurso de los funcionarios, con todos los datos aportados, Algunos de los cuales nos ponen los cabellos de punta por su peligrosidad, la realidad es que el clima de inseguridad sigue igual que hace 100 días.
En Torreón, la mal llamada “Mejor Policía del Norte de México”, resultó la más corrupta de México. Fue entonces, en los primeros días de septiembre, cuando anunció el alcalde José Ángel Pérez una “operación limpieza” que le obligó a destituir a su director de seguridad pública Alfredo Castellanos, a quien poco después, indemnizó con casi 200 mil pesos por su “fructífera labor” al frente de la corporación.
Ignorante como lo es en materia de seguridad pública, aceptó la imposición de un agente de la Policía Federal como nuevo director de seguridad pública; luego compró 36 modernos vehículos para patrullas, 36 motocicletas y pretende un helicóptero con valor de 40 millones de pesos.
Para una persona normal, con un mínimo grado de lógica, sabe que esta enorme inversión de dinero no responde a tener una mejor seguridad pública. Las ejecuciones, los secuestros, los robos a casa habitación, de vehículos, a comercios, de accesorios de vehículos (delitos patrimoniales) y los delitos de hechos de sangre no solamente siguen en el mismo nivel sino que han aumentado en forma alarmante. Es cierto, aún con esas grandes inversiones, si no existen programas, no puede haber resultados. Seguirá la inseguridad, la injusticia, la ilegalidad y, lo más grave, la impunidad.
Ni mil patrullas y motocicletas, ni un helicóptero, ni siquiera 3 o 4 mil agentes más, si no existen programas de seguridad pública preventiva y profesionales de seguridad en los mandos de la DSPM y un combate frontal a la corrupción y la impunidad, nada positivo se logrará.
Un sofisma clásico que los políticos actuales municipales utilizan para evadir su responsabilidad estriba en el sentido de que pretenden vendernos la idea de que los ciudadanos somos corresponsables del problema. Falso. Los ciudadanos pagamos, mediante nuestros impuestos, para que nos brinden el servicio de seguridad pública que necesitamos. Los funcionarios públicos tienen la obligación, ineludible, de ser eficientes. Ellos tienen esa primera responsabilidad y los agentes de la policía preventiva son quienes deben enseñarnos a los ciudadanos seguridad pública para cumplir, entonces sí, nuestra función. Pero si ellos, que se supone deben de ser los responsables de enseñarnos seguridad pública, no lo hacen, están siendo ineficientes y debemos recordar que la ineficiencia es también corrupción.
Es aquí cuando bien cabe la sentencia del presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí, cuando les dijo: “Si no pueden, renuncien”. Desgraciadamente, en la actualidad, a pesar de que ha quedado demostrado que muchos funcionarios públicos no pueden, no renuncian. Y lo más grave del caso es que ni siquiera por aludidos se dan. Así son de cínicos.
Estoy cierto que Nelson Vargas, cuya hija, Silvia, tiene varios meses secuestrada, no les creyó absolutamente nada a estos funcionarios que ahora tratan de justificar que se ha avanzado en materia de seguridad pública en el país.
Y tiene razón Nelson Vargas: !No tienen madre!
Por: Manuel Padilla Muñoz
Más de 100 días han pasado desde aquel 21 de agosto cuando se inició la cuenta regresiva, mediante el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, para que el gobierno ---de todos los niveles--- diera resultados y el clima de inseguridad no solamente es el mismo sino que ha aumentado. En Chihuahua, por ejemplo, en lo que va del año se han registrado más de 2 mil ejecuciones.
Dos días antes de vencerse el plazo, el presidente Felipe Calderón, a manera de justificación, dio a conocer que se ha detenido a una banda de secuestradores cada dos días, lo cual debería significar que se han desmantelado 50 bandas de secuestradores en el país. Sin embargo, los secuestros de todo tipo no solamente siguen sino que aumentan. Entonces, ¿cuántas bandas más de secuestradores siguen activas? Deben ser muchas.
Además, como segundo punto, el presidente Calderón presumió la “Operación Limpieza” en donde se ha demostrado que el narcotráfico ha permeado hasta las altas esferas de la PGR y la PFP, algunos de cuyos principales funcionarios están siendo investigados. Ello nos deja en claro que, en la pirámide de mando de esos organismos, si los altos funcionarios estaban a las órdenes del crimen organizado, ¿cuántos más policías y funcionarios menores siguen todavía al servicio de esas bandas?
Grave que, en estos primeros resultados, Coahuila haya ocupado el tercer lugar en contar con agentes policíacos no recomendables, es decir, de dudosa----------------------------
Con todo el discurso de los funcionarios, con todos los datos aportados, Algunos de los cuales nos ponen los cabellos de punta por su peligrosidad, la realidad es que el clima de inseguridad sigue igual que hace 100 días.
En Torreón, la mal llamada “Mejor Policía del Norte de México”, resultó la más corrupta de México. Fue entonces, en los primeros días de septiembre, cuando anunció el alcalde José Ángel Pérez una “operación limpieza” que le obligó a destituir a su director de seguridad pública Alfredo Castellanos, a quien poco después, indemnizó con casi 200 mil pesos por su “fructífera labor” al frente de la corporación.
Ignorante como lo es en materia de seguridad pública, aceptó la imposición de un agente de la Policía Federal como nuevo director de seguridad pública; luego compró 36 modernos vehículos para patrullas, 36 motocicletas y pretende un helicóptero con valor de 40 millones de pesos.
Para una persona normal, con un mínimo grado de lógica, sabe que esta enorme inversión de dinero no responde a tener una mejor seguridad pública. Las ejecuciones, los secuestros, los robos a casa habitación, de vehículos, a comercios, de accesorios de vehículos (delitos patrimoniales) y los delitos de hechos de sangre no solamente siguen en el mismo nivel sino que han aumentado en forma alarmante. Es cierto, aún con esas grandes inversiones, si no existen programas, no puede haber resultados. Seguirá la inseguridad, la injusticia, la ilegalidad y, lo más grave, la impunidad.
Ni mil patrullas y motocicletas, ni un helicóptero, ni siquiera 3 o 4 mil agentes más, si no existen programas de seguridad pública preventiva y profesionales de seguridad en los mandos de la DSPM y un combate frontal a la corrupción y la impunidad, nada positivo se logrará.
Un sofisma clásico que los políticos actuales municipales utilizan para evadir su responsabilidad estriba en el sentido de que pretenden vendernos la idea de que los ciudadanos somos corresponsables del problema. Falso. Los ciudadanos pagamos, mediante nuestros impuestos, para que nos brinden el servicio de seguridad pública que necesitamos. Los funcionarios públicos tienen la obligación, ineludible, de ser eficientes. Ellos tienen esa primera responsabilidad y los agentes de la policía preventiva son quienes deben enseñarnos a los ciudadanos seguridad pública para cumplir, entonces sí, nuestra función. Pero si ellos, que se supone deben de ser los responsables de enseñarnos seguridad pública, no lo hacen, están siendo ineficientes y debemos recordar que la ineficiencia es también corrupción.
Es aquí cuando bien cabe la sentencia del presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí, cuando les dijo: “Si no pueden, renuncien”. Desgraciadamente, en la actualidad, a pesar de que ha quedado demostrado que muchos funcionarios públicos no pueden, no renuncian. Y lo más grave del caso es que ni siquiera por aludidos se dan. Así son de cínicos.
Estoy cierto que Nelson Vargas, cuya hija, Silvia, tiene varios meses secuestrada, no les creyó absolutamente nada a estos funcionarios que ahora tratan de justificar que se ha avanzado en materia de seguridad pública en el país.
Y tiene razón Nelson Vargas: !No tienen madre!
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