Desprecio por la legalidad

Desprecio por
La legalidad

Por: Manuel Padilla Muñoz
Los partidos políticos son financiados con dinero público, de los contribuyentes coahuilenses; es decir, es dinero de quienes sí cumplimos con nuestras obligaciones fiscales de pagar nuestros impuestos.
Desgraciadamente, los partidos políticos creen que están o son un estado de excepción y ellos no deben cumplir la ley cuando son los más obligados a hacerlo, sobre todo en procesos electorales como el que vivimos ahora en Coahuila.
Si los contribuyentes cumplimos con nuestras obligaciones, los partidos políticos, todos, están igualmente obligados a cumplir con la ley, especialmente la electoral en tiempos de elecciones.
Después de la reforma electoral, cuyos términos se aplican por vez primera en una elección en el estado de Coahuila, podemos observar todavía algunas lagunas en la ley y otras que son francas violaciones a la ley electoral y a la misma Constitución general de la República.
Hasta el momento, hemos visto que no hay equidad e igualdad para los partidos y candidatos todos como lo establece nuestra Carta Magna; los partidos que están en el poder aprovechan los recursos públicos y mediante maniobras legaloides los utilizan para que sus candidatos obtengan ventajas sobre sus adversarios. Es el caso concreto del PRI (gobierno del estado y la mayoría de alcaldías), del PAN (Torreón), del PRD (San Pedro) y la UDC (Ciudad Acuña).
Para nadie es un secreto que los gobernantes de diferentes partidos utilizan la propaganda oficial y los llamados programas sociales para beneficiar a sus candidatos. Todo ello adquirido con recursos públicos. Eso no es democracia.
PRI y PAN son los casos más emblemáticos. Es claro que el gobernador Humberto Moreira ha invertido en la Laguna muchos millones de pesos como ningún otro gobernador lo había hecho. Solamente que la mayor parte fue en los llamados programas sociales (tinacos, pintura, impermeabilizantes, sopas, leche, farmacias, pavimento y demás artefugios “de la gente”), solamente que los funcionarios de la sub secretaría de Desarrollo Regional, que ahora son casi todos los candidatos a diputados locales, entregaron esos beneficios a nombre propio, como si ellos fueran los benefactores de la ciudadanía cuando fue dinero público. Eso es anti democrático pero provechoso al gobernante en turno.
Lo mismo ocurre con los programas sociales del municipio de Torreón gobernado por el PAN. Aprendieron muy rápido los panistas. Por algo son hijos del mismo padre.
En las campañas, los partidos políticos parecen estar más preocupados por sus proyectos particulares que por los de la sociedad coahuilense y lagunera.
En la legislación electoral existen algunas lagunas. Una de ellas es que las llamas pre campañas para la selección de candidatos interna de los partidos no está regulada por la ley. El PRI es el único partido en el mundo cuyos pre candidatos existe la seguridad que serán candidatos porque en las elecciones internas siempre hay un solo candidato; cuando hay dos o más, muy raras ocasiones, los dados están cargados.
En Torreón, los ahora cinco candidatos fueron únicos pre candidatos en una farsa de elección interna. Llenaron la ciudad con propaganda, pendones, bardas, espectaculares, etc., y al convertirse en candidatos llevaban ya mucha ventaja en tiempo-publicidad a los demás candidatos. ¿Esto es equitativo?
Una infracción electoral inicia desde que un servidor o dependencia pública entrega regalos a cambio del voto o de la credencial de elector. Es esto lo que precisamente han hecho durante meses priistas y panistas con los programas sociales. Pueden argumentar a su favor que no condicionan el voto a un partido determinado. Va implícito; de eso se encargan sus “líderes sociales” a quienes les pagan quincenalmente.
Más cínicos son los candidatos priistas que violan flagrantemente la ley. Si bien es cierto que para publicidad en medios electrónicos están regulados por el IEPCC, quien determina los tiempos a cada partido de los tiempos oficiales, en Torreón, los candidatos priistas compraron entrevistas en los canales 9 y 4 de Multimedios y Televisa Laguna donde diariamente se publicitan a un costo muy alto que, si se suma a los gastos de campaña, superan con mucho lo permitido por la ley. Otra grave violación con sus cómplices las televisoras laguneras que así se hinchan de arrebatar el dinero del pueblo.
Y por favor que no nos ofendan argumentando que esos espacios televisivos son gratuitos, producto de la magnanimidad de los periodistas, porque si alguien conoce de esos cochupos en la televisión lagunera ---donde estuvimos 20 años---, somos nosotros. A otro perro con ese hueso.
Estos mediocres candidatos buscan ser diputados locales para crear o modificar las leyes que habrán de regir a los coahuilenses. Sin embargo, ellos mismos no cumplen las leyes.
¿Por qué habremos de creerles a estos mentirosos personajes? No debemos confiar en ellos.