¡Fuego!
Por la Lic. Consuelo Esquivel.
¿A QUIEN LE IMPORTAN LOS MUERTOS?.- Hace unas semanas el penal de La Mesa de Baja California, sufrió un amotinamiento por parte de los reos ubicados en ese lugar, por la manera tan infame y las condiciones de vida que el gobierno del Estado ha permitido desde hace décadas. Un penal en el que deben albergarse dos mil personas y viven recluidos ocho mil y en forma infrahumana.
¿QUÉ HICIERON LAS AUTORIDADES.- Para someter a los amotinados, se usaron armas reglamentarias provocando la muerte de l9 personas y 59 heridos, todos ellos con disparos en cráneo, tórax y abdomen, con armas de calibres 9 milímetros, 223 y 7.62, presuntamente accionados por la Policía Federal Preventiva, como así lo señalaron fuentes el Grupo táctico que sofocó a los sublevados.
LO QUE HIZO EL GOBERNADOR.- José Guadalupe Millán, hasta ahora, se fijó en lo mal que andan sus subordinados, por lo que de inmediato destituyó a la subsecretaria del Sistema Penitenciario del Estado, la señora de feo nombre Simona Gamiño Gurrola; al director de Centros Penitenciarios, Miguel Ángel Canett Sánchez y al director del penal, Carlos Arturo González García.
GOBIERNOS PANISTAS.- Desde el 22 de mayo, de 1992, la Comisión de Derechos Humanos, hizo un llamado al gobernador panista Ernesto Rufo Appel, para que se separaran procesados y sentenciados, pero el mismo, hizo caso omiso a pesar de ser uno de los peores penales del país. Posteriormente el 23 de julio de 2004 (¡doce años después!) la CNDH, recomendó al entonces gobernador, también panista Eugenio Elorduy Walter, que instruyera al director del penal a realizar acciones necesarias a fin de que los internos, recibieran a cargo del presupuesto de la institución penitenciaria, alimentos higiénicos y de buena calidad para el mantenimiento de su salud. Igualmente este gobernador omitió por su poco interés en la vida humana, acatar las recomendaciones y se siguió con la poca atención y la sobrepoblación de reos, ya que estos gobiernos, solo ven la mejor manera de explotación en los penales, como éste, pues ahí se negociaban hasta un millón de pesos diarios. Imagínese cómo.
ACTUALMENTE.- Apenas el 2 de abril pasado (pasados 4 años), Derechos Humanos y Protección Ciudadana de B. C., emitió otra de las tantas recomendaciones a las que nunca se les dio atención: esta vez, fue contra la Secretaría de Seguridad Pública, misma que torturaba como método para obligar la declaración o la delación. Esto fue, el detonante para los motines de domingo y miércoles, por la falta de respuesta de las autoridades.
¿ESO NOS INTERESA?.- A la mayoría de los ciudadanos poco les importa el destino de los que están presos y que precisamente están en “readaptación”; pero en esta ocasión son los derechos humanos de ciudadanos que por una causa u otra se encuentran en penales donde en lugar de procurar su readaptación a la sociedad, los obligan a aumentar su esfera delincuencial, con el fin de sobrevivir en lugares, donde no tienen derecho a una regular comida, a una cama, mucho menos una privacidad y para acabarla los tratan como en esta ocasión en el penal de La Mesa: como bestias, sin derecho a la vida. ¿En este caso, como en el de los “gays” la Iglesia, no pedirá respeto a sus derechos?
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(Continuará mañana
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