Haga obras, compadre
Por: Fernando Rangel de León
Una de las mil y una formas de los gobernantes para enriquecerse a costillas de quienes pagan impuestos, es coludirse con los constructores de obras públicas, para pagarles un precio muy por debajo del que éstos facturan al gobierno federal, estatal y municipal, y todas sus empresas paraestatales y municipales; quedándose los funcionarios públicos, con la diferencia; por lo que para ganarse un peso los constructores tienen que hacer obras públicas de muy mala calidad y poca duración.
En esa condiciones pues los gobernantes no tienen ninguna calidad moral para exigirles responsabilidades a los constructores de obras públicas, por mal hechas; y que es lo que seguramente pasó con el Distribuidor Vial Revolución (DVR), en el que el gobierno de Enrique Martínez y Martínez, invirtió alrededor de 200 millones de pesos en su construcción, tercerías, rectificaciones, etc.; y el que, recién inaugurado, cobró una vida, después otra más, y millonarias pérdidas materiales; lo que levantó las voces de la sociedad en contra del DVR.
Viendo la inconformidad popular contra el DVR, el actual gobernador Humberto Moreira Valdés, terminó por demolerlo, después de varios meses de provocar muchas molestias a los conductores de vehículos particulares y públicos, de pasajeros y de mercancías, de la Laguna y de fuera de ella, del país y del extranjero, toda vez que el lugar del DVR es el paso obligado de la carretera interoceánica, la que conecta a Matamoros, Tamaulipas (Golfo de México, bañado por el Océano Atlántico), con Mazatlán, Sinaloa (Océano Pacífico), y a todas las ciudades ubicadas en su trayecto, además, de ser la pasada obligada a los estados de Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, etc.
Pero además de ocasionar múltiples contratiempos, la destrucción del DVR, causó al pueblo de Coahuila, pérdidas por el orden de 80 millones de pesos por los gastos de su demolición, utilización de dinamita, contratación de decenas de ingenieros, arquitectos, técnicos y de todo un personal y utilización de maquinaria y vehículos de transporte; acopio y transportación de alrededor de 8 mil millones de toneladas de escombro, etc.
No contento el gobierno con semejante despilfarro del dinero del pueblo y llevarse la “tajada del león”, en el negocio del DVR, desde su proyección, planeación, construcción, tercería, modificación, “remiendos”, etc., hasta su demolición; ahora ya está haciendo lo mismo con la construcción del Sistema Vial Revolución (SVR) –conjunto de puentes y otras obras viales-, que vendrá a remplazar al DVR, y que se dice tendrá un costo aproximado de 200 millones de pesos.
Lo anterior se da coincidentemente en tiempos electorales, para lo que el gobierno calcula muy bien sus tiempos para sacar dinero para las campañas electorales de su partido, golpear políticamente a sus adversarios, y pararse el cuello con obras públicas, generalmente mal hechas y de muy mala calidad, aunque muy “apantalladoras”; como lo están haciendo ahorita con la multimillonaria inversión en el SVR, y la denuncia en la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Coahuila, en contra del ex presidente Municipal de Torreón, Coah., el ahora senador Guillermo Anaya Llamas, dizque porque él como alcalde hace cuatro años se dio cuenta que las obras de construcción del DVR, iban mal, y así siguió dando el dinero que le correspondía al municipio, para esa obra.
¿Habráse visto semejante aberración? Querer culpar al ex alcalde por una responsabilidad que solo recae en dos ex funcionarios: Enrique Martínez y Martínez, y Jorge Viesca Martínez, gobernador y secretario de Urbanismo y Obras Públicas del Estado, respectivamente, quienes ordenaron la construcción del DVR, tal cual defectuoso quedó; y a quienes el actual gobernador Humberto Moreira Valdés, no los ha tocado ni con “el pétalo de una rosa”; pues a aquel éste le debe el haberlo hecho candidato del PRI a la gubernatura, y finalmente gobernador, como el “profe” es muy buen pagador, Martínez y Martínez, seguirá gozando de impunidad.
No cabe duda que el hacer obras públicas es uno de los más redituables negocios de los políticos gubernamentales y funcionarios públicos; lo que confirma que la conseja de Porfirio Díaz: “haga obras compadre” -para enriquecerse-, a cien años de haberla puesto de moda sigue vigente en Coahuila.
Por: Fernando Rangel de León
Una de las mil y una formas de los gobernantes para enriquecerse a costillas de quienes pagan impuestos, es coludirse con los constructores de obras públicas, para pagarles un precio muy por debajo del que éstos facturan al gobierno federal, estatal y municipal, y todas sus empresas paraestatales y municipales; quedándose los funcionarios públicos, con la diferencia; por lo que para ganarse un peso los constructores tienen que hacer obras públicas de muy mala calidad y poca duración.
En esa condiciones pues los gobernantes no tienen ninguna calidad moral para exigirles responsabilidades a los constructores de obras públicas, por mal hechas; y que es lo que seguramente pasó con el Distribuidor Vial Revolución (DVR), en el que el gobierno de Enrique Martínez y Martínez, invirtió alrededor de 200 millones de pesos en su construcción, tercerías, rectificaciones, etc.; y el que, recién inaugurado, cobró una vida, después otra más, y millonarias pérdidas materiales; lo que levantó las voces de la sociedad en contra del DVR.
Viendo la inconformidad popular contra el DVR, el actual gobernador Humberto Moreira Valdés, terminó por demolerlo, después de varios meses de provocar muchas molestias a los conductores de vehículos particulares y públicos, de pasajeros y de mercancías, de la Laguna y de fuera de ella, del país y del extranjero, toda vez que el lugar del DVR es el paso obligado de la carretera interoceánica, la que conecta a Matamoros, Tamaulipas (Golfo de México, bañado por el Océano Atlántico), con Mazatlán, Sinaloa (Océano Pacífico), y a todas las ciudades ubicadas en su trayecto, además, de ser la pasada obligada a los estados de Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, etc.
Pero además de ocasionar múltiples contratiempos, la destrucción del DVR, causó al pueblo de Coahuila, pérdidas por el orden de 80 millones de pesos por los gastos de su demolición, utilización de dinamita, contratación de decenas de ingenieros, arquitectos, técnicos y de todo un personal y utilización de maquinaria y vehículos de transporte; acopio y transportación de alrededor de 8 mil millones de toneladas de escombro, etc.
No contento el gobierno con semejante despilfarro del dinero del pueblo y llevarse la “tajada del león”, en el negocio del DVR, desde su proyección, planeación, construcción, tercería, modificación, “remiendos”, etc., hasta su demolición; ahora ya está haciendo lo mismo con la construcción del Sistema Vial Revolución (SVR) –conjunto de puentes y otras obras viales-, que vendrá a remplazar al DVR, y que se dice tendrá un costo aproximado de 200 millones de pesos.
Lo anterior se da coincidentemente en tiempos electorales, para lo que el gobierno calcula muy bien sus tiempos para sacar dinero para las campañas electorales de su partido, golpear políticamente a sus adversarios, y pararse el cuello con obras públicas, generalmente mal hechas y de muy mala calidad, aunque muy “apantalladoras”; como lo están haciendo ahorita con la multimillonaria inversión en el SVR, y la denuncia en la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Coahuila, en contra del ex presidente Municipal de Torreón, Coah., el ahora senador Guillermo Anaya Llamas, dizque porque él como alcalde hace cuatro años se dio cuenta que las obras de construcción del DVR, iban mal, y así siguió dando el dinero que le correspondía al municipio, para esa obra.
¿Habráse visto semejante aberración? Querer culpar al ex alcalde por una responsabilidad que solo recae en dos ex funcionarios: Enrique Martínez y Martínez, y Jorge Viesca Martínez, gobernador y secretario de Urbanismo y Obras Públicas del Estado, respectivamente, quienes ordenaron la construcción del DVR, tal cual defectuoso quedó; y a quienes el actual gobernador Humberto Moreira Valdés, no los ha tocado ni con “el pétalo de una rosa”; pues a aquel éste le debe el haberlo hecho candidato del PRI a la gubernatura, y finalmente gobernador, como el “profe” es muy buen pagador, Martínez y Martínez, seguirá gozando de impunidad.
No cabe duda que el hacer obras públicas es uno de los más redituables negocios de los políticos gubernamentales y funcionarios públicos; lo que confirma que la conseja de Porfirio Díaz: “haga obras compadre” -para enriquecerse-, a cien años de haberla puesto de moda sigue vigente en Coahuila.
No hay comentarios:
Publicar un comentario