Van contra Guillermo Anaya por el DVR

Van contra Guillermo Anaya por el DVR


Dos años después de que el Gobierno del Estado decidiera la demolición del Distribuidor Vial Revolución, la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación contra la Administración municipal de Guillermo Anaya Llamas, al señalar que su Administración no detuvo la construcción a pesar de tener sospecha sobre sus defectos.
La investigación se abre a pesar de que la misma Función Pública absolvió de responsabilidad al ex secretario de Obras Públicas y principal promotor del DVR, Jorge Viesca.
Ramos Flores, secretario de la Función Pública, afirmó que Anaya “sabía que el complejo vial estaba mal y prueba de ello es que mandó hacer un estudio pagado con recursos públicos en el que se le informó que el DVR tenía serios riesgos estructurales”.
Flores dijo que la investigación contra Anaya se abre por que hace un año y medio el actual senador panista dijo que funcionarios de la pasada Administración, habían detectado que el DVR tenía fallas. “Fue entonces que nos preguntamos, si sabían de las fallas, por qué no las denunciaron y más aún, siguieron pagando la obra”, dijo Ramos.
Anaya dijo que el Municipio siguió pagando para no arriesgar el dinero de participaciones estatales.
Anaya atribuyó el anuncio a un conflicto electoral, a menos de cuatro meses de que Coahuila tenga elecciones para diputados. “Es muy sospechoso que a tres meses de las elecciones me traten de imputar responsabilidades respecto a esa obra’’, dijo.
Flores dijo que en el caso de Viesca no fue una exoneración sino “la aplicación de responsabilidades hacia quien fungió como subsecretario de Caminos y Puentes, Manuel Gómez Parra”.
En medio del conflicto podría quedar un funcionario del Gobierno de Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés, actual subsecretario de Obras Públicas para La Laguna, quien fue director de Obras Públicas en el gobierno de Anaya y uno de los primeros en cuestionar la construcción del DVR.
Pero mientras la Función Pública anunció la investigación contra la pasada Administración municipal, el Gobierno Estatal no ha reportado ningún avance en la demanda contra las empresas responsables del DVR: la constructora Acolsa y la supervisora Cordina.
Flores, encargado de la Subsecretaría Jurídica, dijo que el proceso sigue en trámite, pero señaló que “no tenemos una fecha precisa (para que termine el proceso judicial) pues todavía se encuentra en proceso el aseguramiento de la prueba”.