Jesús Salazar, actual comisariado ejidal de San Agustín, municipio de Torreón, Coah., acusó al ex comisariado ejidal de defraudar a sus compañeros.
Campesinos de San Agustín,
Defraudados por sus líderes
Por: Manuel Padilla Muñoz
Una denuncia penal por el delito de fraude fue presentada en contra de los integrantes del anterior comisariado del Ejido San Agustín, de este municipio, a quienes se acusa, junto con sus “asesores”, de haberse quedado con la mitad del dinero que recibieron como indemnización por parte del gobierno del estado por la venta de un terreno de uso común para ampliar un tramo de la carretera a San Pedro.
La denuncia por el delito de fraude y los que les resulten, cuya copia tenemos en nuestro poder va dirigida en contra de los integrantes del anterior comisariado, Isabel Godoy Álvarez, Benjamín Ramírez Díaz y José Ángel Ramírez Vázquez, presidente, secretario y tesorero suplente del comisariado así como contra sus asesores, Rita Salazar González y el licenciado Arturo Mijares.
Lo anterior lo dio a conocer el recién electo comisariado ejidal de San Agustín, Jesús Salazar González, presidente, Lourdes Salas, secretaria y Rosario Santa Cruz, tesorero, quienes firman la denuncia penal respectiva que fue presentada ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
De acuerdo con el expediente, los integrantes del ejido San Agustín son propietarios de dos franjas de terreno de uso común, una de 25,899.578 metros cuadrados, donde se llevan a cabo trabajos de construcción y modernización de la carretera antigua a San Pedro-Ejido Ana, con un valor de 2,001,470 pesos y la otra franja es para las obras de ampliación y rehabilitación de la carretera La Unión-La Partida, tramo entronque Ana Autopista Torreón San Pedro, con una superficie afectada de 34,187.96 metros cuadrados, con un valor de 2,798,530 pesos, con un total de 4 millones 800 mil pesos.
Los ejidatarios de San Agustín, encabezados en ese entonces por su anterior comisariado ejidal y sus asesores, pactaron la venta de dichos terrenos al gobierno del estado, mediante un convenio celebrado y firmado por el secretario de finanzas del gobierno del estado Jorge Juan Torres López.
El gobierno del estado hizo entrega de tres cheques (cuyas copias también tenemos en nuestro poder) a nombre del comisariado ejidal de San Agustín, Isabel Godoy Álvarez. El primero de ellos de fecha 23 de febrero del 2007, por la cantidad de $1,334,313.33: El segundo, con fecha de la misma fecha, por $ 667,156.67 y el tercero, de fecha 13 de junio del 2007, por $2,798,530.
Esos 4 millones 800 mil pesos que pagó el gobierno del estado por los terrenos de uso común, debieron ser repartidos entre los 95 ejidatarios del ejido, por lo que, consideran los denunciantes que debieron haberles correspondido poco más de 50 mil pesos a cada uno de ellos.
El caso es que los cheques con que pagó el gobierno del estado fueron cobrados pero asegura el anterior comisariado ejidal, Isabel Godoy Álvarez, que él no cobró dichos cheques y que una mujer, de nombre Claudia Mijares, al parecer secretaria del despacho jurídico del abogado Arturo Mijares, fue quien indebidamente cobró esos cheques y ella misma hizo entrega del dinero a los ejidatarios.
Asegura el actual comisariado ejidal, Jesús Salazar González, que además de haberse cometido un delito por haber cobrado los cheques otra persona diferente a quien estaban dirigidos, solamente les entregó la susodicha Claudia Mijares, la cantidad de 25 mil pesos a cada ejidatarios; es decir, la mitad de lo que les corresponde y por ello consideran que se cometió un fraude pues no les quieren hacer cuentas claras. En esto también está involucrada Rita Salazar, quien se dice dirigente campesina.
Fue por ello que los campesinos, que se sienten afectados en su patrimonio, decidieron presentar la denuncia pel forma por el delito de fraude a través de su recién electo comisariado ejidal, Jesús Salazar González.
Defraudados por sus líderes
Por: Manuel Padilla Muñoz
Una denuncia penal por el delito de fraude fue presentada en contra de los integrantes del anterior comisariado del Ejido San Agustín, de este municipio, a quienes se acusa, junto con sus “asesores”, de haberse quedado con la mitad del dinero que recibieron como indemnización por parte del gobierno del estado por la venta de un terreno de uso común para ampliar un tramo de la carretera a San Pedro.
La denuncia por el delito de fraude y los que les resulten, cuya copia tenemos en nuestro poder va dirigida en contra de los integrantes del anterior comisariado, Isabel Godoy Álvarez, Benjamín Ramírez Díaz y José Ángel Ramírez Vázquez, presidente, secretario y tesorero suplente del comisariado así como contra sus asesores, Rita Salazar González y el licenciado Arturo Mijares.
Lo anterior lo dio a conocer el recién electo comisariado ejidal de San Agustín, Jesús Salazar González, presidente, Lourdes Salas, secretaria y Rosario Santa Cruz, tesorero, quienes firman la denuncia penal respectiva que fue presentada ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
De acuerdo con el expediente, los integrantes del ejido San Agustín son propietarios de dos franjas de terreno de uso común, una de 25,899.578 metros cuadrados, donde se llevan a cabo trabajos de construcción y modernización de la carretera antigua a San Pedro-Ejido Ana, con un valor de 2,001,470 pesos y la otra franja es para las obras de ampliación y rehabilitación de la carretera La Unión-La Partida, tramo entronque Ana Autopista Torreón San Pedro, con una superficie afectada de 34,187.96 metros cuadrados, con un valor de 2,798,530 pesos, con un total de 4 millones 800 mil pesos.
Los ejidatarios de San Agustín, encabezados en ese entonces por su anterior comisariado ejidal y sus asesores, pactaron la venta de dichos terrenos al gobierno del estado, mediante un convenio celebrado y firmado por el secretario de finanzas del gobierno del estado Jorge Juan Torres López.
El gobierno del estado hizo entrega de tres cheques (cuyas copias también tenemos en nuestro poder) a nombre del comisariado ejidal de San Agustín, Isabel Godoy Álvarez. El primero de ellos de fecha 23 de febrero del 2007, por la cantidad de $1,334,313.33: El segundo, con fecha de la misma fecha, por $ 667,156.67 y el tercero, de fecha 13 de junio del 2007, por $2,798,530.
Esos 4 millones 800 mil pesos que pagó el gobierno del estado por los terrenos de uso común, debieron ser repartidos entre los 95 ejidatarios del ejido, por lo que, consideran los denunciantes que debieron haberles correspondido poco más de 50 mil pesos a cada uno de ellos.
El caso es que los cheques con que pagó el gobierno del estado fueron cobrados pero asegura el anterior comisariado ejidal, Isabel Godoy Álvarez, que él no cobró dichos cheques y que una mujer, de nombre Claudia Mijares, al parecer secretaria del despacho jurídico del abogado Arturo Mijares, fue quien indebidamente cobró esos cheques y ella misma hizo entrega del dinero a los ejidatarios.
Asegura el actual comisariado ejidal, Jesús Salazar González, que además de haberse cometido un delito por haber cobrado los cheques otra persona diferente a quien estaban dirigidos, solamente les entregó la susodicha Claudia Mijares, la cantidad de 25 mil pesos a cada ejidatarios; es decir, la mitad de lo que les corresponde y por ello consideran que se cometió un fraude pues no les quieren hacer cuentas claras. En esto también está involucrada Rita Salazar, quien se dice dirigente campesina.
Fue por ello que los campesinos, que se sienten afectados en su patrimonio, decidieron presentar la denuncia pel forma por el delito de fraude a través de su recién electo comisariado ejidal, Jesús Salazar González.
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